Un juez de Barrancabermeja ordenó el embargo de las cuentas bancarias del Pacto Histórico por una deuda de $450 millones que, según la demandante, fue adquirida para financiar la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y aún no ha sido pagada. La medida busca garantizar el cumplimiento de la obligación reclamada por una empresaria santandereana.
La decisión fue conocida este martes 27 de octubre a través de una publicación de La Silla Vacía. Según el medio, la orden judicial había sido dirigida inicialmente contra Colombia Humana y Ricardo Roa, quien fue gerente de la campaña presidencial y posteriormente presidente de Ecopetrol.
Sin embargo, tras la fusión de Colombia Humana con otras colectividades, las responsabilidades jurídicas y administrativas de la organización pasaron al Pacto Histórico. Por esta razón, la medida cautelar ahora recae sobre las cuentas bancarias del partido, incluidas las que maneja a través de la Cooperativa Confiar, según la información publicada.
¿Quién reclama los $450 millones de la campaña de Petro?
La demanda fue presentada por Bibiana Pérez, empresaria santandereana que solicita la devolución de los $450 millones prestados y el pago de los intereses correspondientes.
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De acuerdo con los registros de campaña citados por La Silla Vacía, el préstamo se realizó el 18 de mayo de 2022, pocos días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.
Pérez sostiene que la obligación continúa pendiente de pago, pese al tiempo transcurrido desde la entrega del dinero. Dentro de las actuaciones previas del mismo expediente, el juzgado también había ordenado el embargo del salario de Ricardo Roa y el secuestro de siete inmuebles registrados a su nombre.
El nuevo embargo se conoce en medio de la reorganización del Pacto Histórico como partido político y después de que Gustavo Petro fuera elegido por unanimidad como líder de la colectividad, según la información divulgada.
Ricardo Roa enfrenta proceso penal por los gastos de la campaña
El cobro judicial por los $450 millones es distinto del proceso penal que enfrenta Ricardo Roa por la presunta violación de los topes de gastos de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
En mayo de 2026, la Fiscalía imputó cargos al entonces gerente de la campaña por considerar que se habrían superado los límites de financiación establecidos para las dos vueltas presidenciales. La investigación se centra en su presunta responsabilidad en la administración de los recursos, la autorización de gastos, el manejo de la cuenta única y la presentación de informes ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Según la hipótesis del ente acusador, los gastos de la campaña habrían excedido los topes en aproximadamente $1.388 millones durante la primera vuelta y $276 millones en la segunda, para un total cercano a $1.664 millones.
Estas cifras corresponden al expediente penal y no deben confundirse con los $450 millones reclamados en el proceso ejecutivo por el préstamo. También difieren de la sanción administrativa impuesta por el CNE, debido a que las actuaciones tienen alcances distintos.
¿Cuándo será la audiencia de acusación contra Ricardo Roa?
La Fiscalía radicó en agosto el escrito de acusación contra Roa por la presunta violación de los topes electorales. La audiencia está programada para el viernes 30 de octubre de 2026, a las 2:00 p. m., ante el Juzgado 11 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá.
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Entre los gastos examinados por los investigadores figuran pagos relacionados con transporte, publicidad, alimentación, logística y actos de campaña, entre otros rubros que, según la Fiscalía, presentarían irregularidades en su registro o reporte.
Roa no aceptó los cargos y ha defendido el manejo financiero de la campaña. Hasta el momento, no existe una sentencia penal en su contra por estos hechos, por lo que mantiene la presunción de inocencia.
El exgerente también afronta una investigación separada por presunto tráfico de influencias relacionada con la compra de un apartamento en Bogotá y posibles vínculos con contratos de Ecopetrol. Este expediente no hace parte del proceso por la financiación de la campaña presidencial de 2022.
Mientras avanzan las actuaciones judiciales, el embargo de las cuentas del Pacto Histórico se suma a las reclamaciones económicas relacionadas con la campaña, sin que la medida cautelar constituya por sí misma una decisión penal sobre la responsabilidad de Roa.
Tomado de El Universal.
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